Xornal de Galicia | Sábado, 27 Junio, 2009 - 08:34
300 millones de euros en una sola operación sería totalmente "escandaloso" y alertaría no solo al Estado Español, pero, 2 aquí?, 4 allí?, más 5 en el otro lado?, es más disimulado y menos inquieto para las mentes que se sienten perturbadas con los fondos públicos, UNIRISCO y Uninvest dedicada a lo mismo "fondos públicos" inyectados desde la USC para entretener o enriquecer ¿a quien? .
Jacinto Rey con una empresa en quiebra técnica (Constructora San José, editora del recientemente creado Xornal de Galicia, afín al BNG), Senén Barro rector de la USC y Anxo Quintana líder recientemente destronado de la Vicepresidencia de la Xunta por sus incursiones capitalistas dentro de este entorno, un circulo de amistad en ¿favor del nacionalismo gallego o económico?
Para desempeñar el cargo de Rector o Decano de Facultad es necesaria la dedicación a tiempo completo en la Universidad, según los Estatutos actualmente vigentes, y por su propia condición de funcionario público es de aplicación, además, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades. Pese a ello, es público y notorio que Senén Barro es autor, coautor, colaborador directo o colaborador presunto, al menos, así consta su nombre y apellidos en las empresas privadas UNIRISCO y UNINVENST de los trabajos profesionales bien remunerados, que se derivan de esta incursión empresarial, porque se supone que no lo hará ¿gratis?.
Jacinto Rey un hombre que se mueve con soltura por los armazones económicos de la Galicia Nacionalista junto a Senén Barro en la administración de UNIRISCO dedicada a los fondos públicos y Uninvest dedicada a lo mismo "fondos públicos" inyectados desde la USC para entretener o enriquecer ¿a quien?
Unirisco, Jaime Fabregas y los fondos públicos de USC en la empresa BIONOVA de la Universidad de Santiago Jaime Fabregas y siendo Rector Senén Barro crea Bionova y Celtinova dos empresas dentro de la USC creadas por el mismo para hacer y dedicarse a lo mismo
Sirva de ejemplo solo algunas de los cientos de empresas extraídas del enjambre universitario gallego:
Empresas vinculadas a los fondos de la USC y que iremos desgranando su actividad así como sus resultados.
BIONOVA, SL. ? KERAMAT, SL. ? LBS TELECOMUNICACIONES, SL. ? STS PROYECTOS INTEGRALES EN CULTURA Y PATRIMONIO, SL. ? HELIONOVA, SL. ?DEVALAR CONSULTORÍA EUROPEA, SL. ? EGANET, EMPRESAS GALEGAS ADICADAS A INTERNET ? ZELTINOVA, S.L. ? NEOKER, SL. ? ACUIDIMO, SL. ?
CODIGO CERO COMUNICACIÓN, SL. ? AVA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SL. ? GALICIAN MARINE AQUACULTURE, SL. ? CIENTISOL, SL. ? IRRADIA CONSULTING SOLAR, SL -HELIONOVA, SL - GALICIA BANNER - BALNEARIO DO RÍO PAMBRE, SL. - DEVALAR CONSULTORÍA EUROPEA, SL. - SIGNO SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA E CARTOGRAFÍA DIXITAL, SL. - ENXENIO, SL. - GIMENA INGENIERÍA, SL. - PROXECTOS CONSULTORÍA E FORMACIÓN, SL. GALCHIMIA, SL. ? PHARMATOOLS DIGITAL INTERACTIVE SERVICES, SL. ? HIFAS DA TERRA, SL. ? CELTINOVA, S.L? ADVANCED IN VITRO CELL TECHNOLOGIES, S.L.? KERAMAT, SL.
UNINVEST afirma que invierte en empresas que reúnen los siguientes criterios: Empresas con vinculación universitaria desde la perspectiva de la tecnología base del negocio. Empresas de cualquier sector de actividad excepto el financiero. 1.000.000 € en fases semilla y arranque.
El conflicto de intereses entre la universidad y la empresa privada es muy evidente.
Basta considerar, por una parte, que la universidad administra cuantiosos fondos públicos tanto en adjudicaciones por perfiles contratantes como en importantes subvenciones y ayudas nacionales e internacionales y donde en la página Web de la USC puede leerse:
“Muchos de los programas, concursos, bolsas que se llevan a cabo se realizan gracias a la financiación de la Unión Europea que, a través de los fondos, contribuye a fomentar el desarrollo del entorno productivo, la investigación y el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la sociedad de la información, entre otros objetivos”.
En UNIRISCO y UNINVENST puede comprobarse que la Universidad (USC) ha creado un entramado societario muy complejo, y en buena parte disimulado, que parece cultivar todo tipo de conflictos de intereses con cargos públicos y en especial, con los profesores envueltos como administradores de empresas creadas con la colaboración de los fondos públicos por lo que, además de incurrir en una presunta incompatibilidad, no parece nada apropiado que se mantengan al mismo tiempo responsabilidades públicas y privadas de tal naturaleza y alcance.
Unirisco y Uninvenst y a través de sus múltiples entidades., por sus propios medios, y también su relación con muy importantes empresas e instituciones, porque las consecuencias que tendrían para la Hacienda Pública y la Seguridad Social sus posibles y presuntas actividades ilícitas trascienden con mucho su propia facturación, y cualquier beneficio que puedan haber obtenido funcionarios públicos incompatibles con estas actividades empresariales, llegando a motivar, por su propio lucro, que muchos trabajadores sean considerados investigadores o bolseros, becarios fraudulentamente, y que se desgrave por lo que no es investigación, sino pura y dura prestación de servicios profesionales, en ocasiones, prevaleciéndose de su condición de funcionario que ejerce una autoridad académica con la que puede controlar sectores de gran relevancia económica.
No es menos sospechosa la existencia y actividad de la empresa Celtinova, una compañía del sector de la biotecnología. Que nace con un capital social 442.000 euros, que se reparten entre Caixa Galicia (31%), el fondo Unirisco, dependiente de la Universidad de Santiago (31%), y el resto está en manos de Jaime Fabregas y otros cinco miembros de su familia, pero Jaime Fabregas y siendo Rector Senén Barro también crea la empresa Bionova dedicada a la misma actividad que la anterior, por eso es difícil entender por que se dedican o se crean dos empresas que hacen los mismo pudiendo hacerlo con una sola, ¿será que 1.000.000 de euros para una sola empresa sería escandaloso, pero cuatrocientos y un pico de mil es más disimulado para llegar a la misma cantidad, a saber?.
Es muy posible que estas dos sociedades no sean las únicas utilizadas por ambos funcionarios públicos para facturar servicios o proyectos utilizando su privilegiada posición académica.
Para desempeñar el cargo de Rector o Decano de Facultad es necesaria la dedicación a tiempo completo en la Universidad, según los Estatutos actualmente vigentes, y por su propia condición de funcionario público es de aplicación, además, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades.
¿Es posible, y si lo es, es legal tal actividad profesional y empresarial al mismo tiempo que se dirige una universidad como es la de Santiago de Compostela?
¿Es creíble que todo ello pueda hacerse sin utilizar recursos materiales y humanos de la USC y sin incurrir en alguno de los delitos tipificados por el Código Penal en sus artículos 403 al 442?
Art. 31. El profesor en quien concurra la condición de funcionario o esté contratado por una entidad pública, o que ocupare en alguna de ellas algún cargo en sustitución de quien se encuentre en tales condiciones, deberá respetar escrupulosamente las normas que sobre incompatibilidades con el ejercicio privado de la profesión se establecen en la legislación vigente sobre el régimen de la función pública.
¿Existe algún límite para la incompatibilidad, la malversación y la competencia desleal?
El Rector y todos los firmantes de los documentos de UNIRISCO y UNINVENST, conocen perfectamente estas actividades más que notorias, pese a su descarada incompatibilidad, pero, se da la muy curiosa circunstancia de que, además celebran y firman con la misma fecha balances y cuentas de las especificadas sociedades de fondos de inversión
Catedráticos con dedicación completa, que tanto si son docentes como si no, están haciendo una presunta COMPETENCIA DESLEAL entre otros motivos, porque utilizan recursos públicos materiales (laboratorios con abundante instrumental que debería dedicarse exclusivamente a la investigación, despachos, salas, ordenadores, teléfonos, fax e Internet) y humanos (administrativos, becarios y estudiantes),
Incumpliendo descaradamente la normativa sobre incompatibilidades para ganar sobresueldos nunca controlados por la institución pública para la que trabajan, y además, hacen uso de la imagen y símbolos (escudos, membretes y sellos) en informes que firman individualmente, como si la Universidad, y sus respectivos departamentos, avalasen sin reservas todo lo manifestado en cada uno de los informes públicos y notas de prensa, como si fueran autoridades, y no lo son.
Estas desleales prácticas ocasionan un claro perjuicio al interés público, porque, lamentablemente, los funcionarios docentes, y en especial, los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad, que tienen sus plazas y sus nóminas completamente aseguradas, dedican buena parte del tiempo que sus alumnos merecerían, y en el que deberían atender sus obligaciones docentes, o publicar artículos científicos, participar en proyectos académicos o de investigación, y dirigir tesis doctorales, montar empresas privadas vinculadas a fondos públicos universitarios, a otras actividades que han demostrado ser mucho más lucrativas y que, presuntamente, no siempre se declaran a la Universidad.
Si quieren ejercer libremente la gestión y lucro económico, pueden renunciar a sus plazas o pedir una excedencia o dedicación parcial, pero lo que no puede permitirse es la incompatibilidad descarada, y el lucro incontrolable, porque fomenta y fermenta la corrupción del funcionariado docente, y con él, la de la Universidad, en la que se compite deslealmente.
Infructuosos han sido los intentos por recabar más información sobre las actuaciones de profesores universitarios gallegos, pese a los correos electrónicos, faxes y conversaciones telefónicas con que se ha intentado verificar, contrastar y documentar algunos casos especialmente escandalosos, en los que es evidente que el Rectorado ha decidido no tomar ninguna medida para impedir, o para limitar al menos, que sus profesores dediquen buena parte de su tiempo a la gestión privada en perjuicio del alumnado.
Para que pueda comprenderse la gravedad, importancia y alcance de la COMPETENCIA DESLEAL de los funcionarios públicos, pueden ofrecerse dos tipos de ejemplos extremos que se ha logrado documentar.
Por una parte, van a pleitos por muy importantes cuantías en Juzgados de Primera Instancia, o de lo Mercantil, pues en algunos casos, los juicios se convierten en auténticos desfiles de funcionarios docentes, con dedicación completa, que cobran de una parte solvente perjudicando con su testimonio y opinión a la contraria. Ése es claramente el caso de Ramón Álvarez Rodríguez, que es Subdirector de Investigación, Doctorado y Centro Tecnológico, y Catedrático de Explotación de Minas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Ha participado como perito de parte, al menos, en el Juicio Ordinario 101/2004 (responsabilidad civil por la rotura de la Balsa Minera de Boliden en Aznalcóllar contra ACS-Dragados, Geocisa, Intecsa y Banco Vitalicio por un importe principal de 248 millones de euros) celebrado en el Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Madrid, para favorecer a la empresa Boliden Apirsa.
El video de su comparecencia y ratificación en vista pública de fecha 22/06/06 está grabado en DVD, y en él se aprecia con toda claridad cómo Ramón Álvarez Rodríguez fue contratado inicialmente por Ernst & Young, aunque en algún momento se pretendió aparentar que su peritaje era el oficial. En el Juicio Ordinario 101/2004 del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Madrid participaron muchos más peritos funcionarios que, presuntamente, también tienen dedicación completa y que no tienen, ni han pedido nunca, la autorización de compatibilidad para peritar, pero al menos, por su condición de subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la UPM, es COMPETENCIA DESLEAL toda actuación pericial que haya realizado Ramón Álvarez Rodríguez sin tener previamente concedida la autorización de compatibilidad.
La COMPETENCIA DESLEAL de la Universidad en general, y de los funcionarios docentes con dedicación completa en especial, no se limita a la presentación de sus estudios, informes o dictámenes y administrar empresas privadas fundadas con fondos públicos.
Son muy numerosas las quejas de ingenieros y empresarios, incluso internacionales.
Por ejemplo, en Colombia, la Federación Panamericana de Consultores ha hecho un estudio demoledor sobre la COMPETENCIA DESLEAL universitaria que puede verse en http://www.tecniberiaasince.es/noticias/Correo%20FEPAC%2062%20dic%2021.pdf con manifestaciones como ésta:
Las universidades públicas y privadas se están desviando de su papel educador e investigador para dedicarse a los trabajos de ingeniería propios de las empresas privadas, y llama mucho la atención esta referencia, desde Colombia, a España:
La contratación de universidades alienta el lucro antes que la excelencia académica, se desvirtúa su objeto, y genera una evidente competencia desleal.
La Universidad, además de diseñar, construir o hacer supervisión, actúa como juez en las controversias contractuales de sus colegas y competidores consultores.
Compite deslealmente con sus propios egresados, usando las instalaciones, equipos de enseñanza y tiempo de sus alumnos y profesores, además de tener unas condiciones tributarias preferenciales. Se han registrado casos frecuentes en Argentina, España, Brasil y Colombia.
Muchas veces las universidades subcontratan los servicios, lo que las convierte en un intermediario costoso e innecesario.
Por otro lado, las universidades públicas colombianas tienen la facultad de hacer convenios ínter administrativos con las entidades del Estado, sin procedimientos de selección objetiva. Sobre este tema la Cámara ya ha tenido oportunidad de pronunciarse ante el Ministerio de Educación.
Lo más preocupante de todo es que esta grave situación ingenieril tiende a empeorar, aceleradamente. Alerta de ciertos cambios a peor D. Carlos Amor Lahera, Director de Análisis y Desarrollo de Tecniberia/Asince, que es la asociación patronal de las grandes empresas de ingeniería, en un artículo con el título Ingeniería y consultoría ante la Ley de Contratos publicada en EXPANSIÓN de fecha 19/02/2007, de quien aquí se cita lo siguiente:
Tras la entrada en vigor de la Directiva Europea de Contratación Pública en enero de 2006, el Gobierno español aprobó en julio el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que estos días se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Se trata de una norma de indiscutible importancia, que rige las compras públicas, cuyo volumen de transacciones representa el 13 por ciento del Producto Interior Bruto español.
Indudablemente, nos encontramos ante una excelente oportunidad para mejorar una norma básica del ordenamiento jurídico español, habida cuenta de que la normativa europea establece un marco que permite cierta autonomía a los legisladores nacionales, siempre que se respeten los principios básicos de la contratación pública igualdad de trato, transparencia y no discriminación, derivados de los principios del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Mientras que la vigente normativa española sobre contratación pública concentra su atención en los procedimientos de contratación, este proyecto de ley se caracteriza por poner el foco en la ejecución de los contratos.
Esto, desde un punto de vista empresarial, no asegura que la nueva norma coadyuve a impulsar la productividad y la competitividad del tejido empresarial español, en general, y del sector de ingeniería y consultoría, en particular.
La gestión de la compra pública de servicios de ingeniería y consultoría es una parcela de la actividad de las administraciones públicas que se debe traducir en un doble beneficio: la mejora de los servicios públicos y el fomento del sector industrial. Así, la contratación pública, adecuadamente administrada, puede convertirse en un formidable instrumento para el fomento del I+D+i en un sector con un alto contenido tecnológico e innovador.
Sin embargo, el proyecto de ley no parece ir en el mismo sentido cuando, por ejemplo, fomenta la competencia desleal de Universidades Públicas y Organismos Públicos de Investigación, al eximirles de la exigencia de clasificación administrativa para contratar; o cuando refuerza la indefinición que presenta, en ámbito y en alcance, la figura de las encomiendas de gestión, cuya utilización abusiva como instrumento de adjudicación de contratos a medios propios de las administraciones públicas, sustrayéndolos de los procesos de concurso público habituales de forma que podría ser considerada fraude de ley en relación con la legislación y jurisprudencia de la Unión Europea, además de constituir una seria amenaza para las empresas de servicios intelectuales.
Tes., en este mismo sentido, pueden leerse en LEVANTE, jue, 20/07/2006, donde José Antonio Molina Francés, presidente del Comité Nacional Español de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros, dice:
En este caso como ingeniero y no como presidente de la entidad, aseguró sobre una posible competencia desleal de la universidad al realizar informes y auditorias para el exterior que «no se si es competencia pero la universidad tiene muchas cosas que hacer aunque la tarea del ejercicio profesional es propia de los ingenieros»
La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en su CAPÍTULO III sobre ACCIONES DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL, concretamente en su artículo 18, establece que contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones:
1. Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.
2. Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica.
3. Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.
4. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.
6. Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.
Unirisco
Senen Barro Ameniro
Carlos Hernádez Sande
María Montero Muñoz
Francisco Dominguez Martinez
Jacinto Valentin Rey González
Juan Manuel Gutierrez Ois
Gavier Fernández García
José Garcia Costas
Ignacio Fernández Fernández
Juan Manuel Sanchez Padrós
Luis Barral Losada
Fernando Costa Lima
Uninvest
Carlos Hernández Sande
Jacinto Valentin Rey González
Francisco Javier López Martínez
Antonio Felipe Cano Martin
Antonio Rafael Díaz García
Martin Rivas Antón
Isabel González Suárez
Andres Moratal Roselló
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UNIRISCO:
http://docs.google.com/fileview?id=0B_H9PpgXP7HSZDk2ZjZlYzQtN2I4My00NWM5LThjY2UtOTcwY2MzYzExZjNi&hl=es
UNINVEST:
http://docs.google.com/fileview?id=0B_H9PpgXP7HSYzgyZTAyOWQtNzJmZi00MzkwLThkZWEtOWNmMWMxNjg4MWFj&hl=es
